10 febrero 2007

Renta básica


En una sociedad opulenta, aquellos que se ven privados del acceso a los bienes de que disfruta el sector de bien instalados quedan excluidos de facto de la vida social

POR SEGUNDO año consecutivo, la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE ha confirmado una situación política y moralmente intolerable: uno de cada cinco habitantes del país vive con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza relativa. En total, en la próspera y feliz Celtiberia hay ocho millones y medio de personas pobres. De las cuales, la mitad son pobres por decreto.

Hablamos de los pensionistas más humildes con prestaciones mínimas, de viudedad, no contributivas, SOVI. De los desempleados de larga duración que perciben un cicatero subsidio. No es ninguna exageración decir que su pobreza es decretada pues no en vano el Gobierno fija la cuantía de esas prestaciones a través de Reales Decretos-leyes sancionados por el Jefe del Estado. Para justificar esta inmoralidad se podrán hacer todas las mixtificaciones que se quieran, pero la cruda realidad demuestra con números que en España, octava potencia económica del mundo por la magnitud de su Producto Interior Bruto, la pobreza de millones de ciudadanos se debe a la voluntad de sus gobernantes.


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